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Hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones que se convocan el 17 de Marzo del 2018. Las pensiones son un derecho y no un privilegio.

 

Vemos que les están mintiendo, no hay derecho a lo que están haciendo con la gente, no les pueden regatear el IPC cuando los políticos se suben un 7% y tienen pensiones vitalicias y salarios de más 70.000 euros. No les pueden regatear su vida, nuestra vida, con el dinero que han ido ahorrando durante años de cotización no pueden hacer lo que quieren, eso tiene un nombre, robar descaradamente a la gente.
 

 

Todos y todas, estamos en la obligación de impedir que el Gobierno del PP rompa el sistema público de pensiones para llevarnos a un sistema privado. Todas las personas tienen derecho a una pensión digna, lo dice la Constitución, y una pensión digna no son 700 euros e incluso ni menos de esa pensión, es más, casi la mitad de las pensiones actuales no llega a los 736 euros, estas cifras les sitúa en riesgo de pobreza.

Apoyo total a las reivindicaciones de la Coordinadora en defensa de las pensiones, ya que vienen a reivindicar lo que es justo, dignificar sus pensiones y que tengan un bienestar social digno.

Desde Sindicalistas de Canarias no nos me queda más que estar con ellos y recoger todas sus reivindicaciones.

Reivindicaciones de la Coordinadora Estatal por la Defensa del sistema Público de Pensiones:

Bloque legal

• Recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas (pensiones) en los presupuestos generales del estado.

• Restablecer la jubilación ordinaria a los 65.

• Jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados =100%

• Recuperar el subsidio para mayores de 52 años.

Bloque económico

. Pensión mínima de 1080€ que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea.

• Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real.

• Recuperación económica de lo perdido desde 2011.

Bloque social

• Reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones.

• Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia.

• Eliminar todo tipo de copago, restablecer los derechos sanitarios.

• Garantías de los suministros básicos (energía, luz, agua, transporte…)

• Derechos Humanos (derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, sanidad, vivienda, refugiados, extranjería…)